MEDIO AMBIENTE Un decreto del MinAmbiente que redefine los límites de protección de la biósfera en Barranquilla produjo alarma entre los industriales de la ciudad. Dicen que pone en riesgo millonarios proyectos de inversión.
El pasado jueves tres de diciembre los empresarios portuarios, los industriales y el alcalde barranquillero. Alex Char, amanecieron consternados con un decreto del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MMAVDT), que incluía a buena parte de las ciudad como área Ramsar, el término internacional para declarar la protección de lugares como reserva mundial de la biósfera.
El periódico El Heraldo, en una nota periodística ese día, llamó la atención porque la consecuencia inmediata de la expedición del decreto 3888 del pasado 20 de octubre ponía en riesgo la construcción de seis proyectos portuarios con licencias ambientales, solicitudes de concesión y consecución de créditos en trámite. Un columnista del mismo periódico, Roberto Zabaraín, dijo que no podía creer que el ministro Carlos Costa, nativo de la ciudad cometiera semejante despropósito en contra de sus paisanos.
El decreto expedido de pone nuevos linderos al área Ramsar original de 400.000 hectáreas localizadas en la Ciénaga Grande del Magdalena que alberga el Parque de Salamanca, e incluye como nueva área la Ciénaga de Mallorquín, un espejo de agua al norte de la ciudad que a orillas del mar y al occidente de Bocas de Cenizas, que desde hace varias décadas es en vertedero de aguas negras e industriales y basurero satélite de varias comunidades vecinas.
El Ministerio extendió la zona Ramsar hasta Mallorquín y el liderazgo industrial barranquillero entendió que para poder seguir con sus proyectos tendrían que tramitar nuevas licencias ambientales. Por esto, según sus cálculos, los planes para desarrollar ambiciosos proyectos portuarios para la exportación de carbón proveniente del interior del país resultarían más costosos.
El alcalde Alejandro Char, condiscípulo del ministro Costa, y defensor de las inversiones en trámite, recogió el eco de las preocupaciones y promovió la mencionada reunión en su despacho con el ministro Costa y Asoportuaria.
En el ambiente del encuentro, en el que participaron representantes de Monómeros Colombo-venezolanos, de las sociedades portuarias del Caribe, Mallorquín, Bocas de Ceniza, Massering, Argos, el director ejecutivo de la Andi, abogados especialistas en temas portuarios y ambientalistas, flotaba la suspicacia de que el decreto favorecía unos proyectos y perjudicaba a otros de manera más o menos arbitraria.
¿Cómo podía ser que el nuevo decreto incluyera como área Ramsar a un sector ya muy deteriorado y en cambio, dejara por fuera de la protección especial a una extensa franja del Parque Isla de Salamanca en la ribera oriental del Magdalena que sí estaba contemplada en el área Ramsar original?
Desde que el actual gobierno propuso desarrollar en esa área de Sitio Nuevo, Magdalena el llamado Puerto de Palermo hubo una gran polémica precisamente porque hacer ese proyecto industrial allí sí amenazaba a toda la zona Ramsar del Parque Isla de Salamanca.
En la reunión, Carlos Rosado de Asoportuaria argumentó que varios documentos Conpes declaran a Barranquilla como Zona Portuaria Principal y el decreto en cuestión, por el contrario elimina esas posibilidades. Además dijo que la nueva norma hace que en un área donde ya hay títulos sea imposible que haya propiedad legal sobre los terrenos; limita la operación de puertos en funcionamiento; afecta la competitividad de Barranquilla ante los puertos de Santa Marta y Cartagena y hace inviable el desarrollo de los proyectos portuarios en el Tajamar Occidental y la Ciénaga de Mallorquín.
El ministro Costa intentó apaciguar los ánimos diciendo que la declaratoria Ramsar, como tal, no excluía el desarrollo de proyectos portuarios como los contemplados, que Barranquilla sí se encontraba en la zona Ramsar inicial y que los documentos Conpes son sólo recomendaciones.
El abogado Cesar Lorduy, especialista en temas portuarios, refutó al Ministro diciéndole que Barranquilla nunca fue mencionada como Ramsar, que no se entendía que una zona de protección sea excluida y otra deteriorada sea incluida. También arguyó que los documentos Conpes son adoptados como decretos y existen varios con recomendaciones portuarias que aprobaban planes de ordenamiento territorial y portuario en los que se señala que la ribera oriental del Río Magdalena es zona de protección y la ribera occidental, donde está Barranquilla, es portuaria.
Lorduy dijo que la nueva norma exigía hacer otros planes de manejo ambiental, pues convierte a la actividad portuaria de en secundaria en Barranquilla. Reclamó además que la expedición del decreto no fue consultada ni socializada, a lo cual está obligado el Ministerio. María Cristina Ruiseco y Luis Eduardo Escudero, de la Sociedad Portuaria del Caribe, así como el representante de Masering, respaldaron a Lorduy. Uno de ellos exclamó airado que con éste decreto les habían colocado una lápida a sus proyectos porque difícilmente se conseguirá capital que invierta allí con esas restricciones.
El alcalde Char le dijo al Ministro que respaldaba la preocupación de los empresarios y los industriales. El ministro Costa los escuchó con atención y les dijo que había apuntado sus preocupaciones. En rueda de prensa, acompañado por el alcalde Char y el representante de Asoportuaria, MinAmbiente reiteró que el decreto no debería ser motivo de alarma porque la declaratoria Ramsar no tocaba el sector de Las Flores ni el tajamar occidental sobre la Ciénaga de Mallorquín, donde están contemplados los seis nuevos proyectos.
El Ministro insistió en el decreto no tiene impacto sobre el desarrollo portuario de Barranquilla, pero que para el Ministerio era importante demostrar que la zona siempre ha estado incluida como Ramsar y eso no ha sido obstáculo para el desarrollo portuario de la ciudad. Que tampoco pretendían imponer trabas ambientales a los proyectos y que la Ciénaga de Mallorquín debe estar incluida como de conservación.
El alcalde Char dijo que su administración no iba a permitir que esas inversiones se fueran de Barranquilla porque su gobierno ha estado trabajando en la generación de confianza para los inversionistas.
Al final, los partes de tranquilidad de Costa no fueron suficientes para despejar las dudas. Habrá que esperar si en otro decreto que corrija la actual, el Ministerio deja claro que protege lo que necesita protección, como lo es el Parque Isla de Salamanca, en la margen oriental del Rió, y permite el crecimiento y la inversión en la zona occidental, del lado de Barranquilla.
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